En este jueves de reminiscencias, compartimos contigo un artículo del investigador y coordinador académico del IEMP, quien nos aporta, desde su amplia experiencia en la Procuraduría General de la Nación, algunas reflexiones sobre comportamientos éticos en la esfera de lo público. ¡Un artículo que vale la pena leer, sin duda!
Innova 7 (2011)
La construcción ética de lo público
César Augusto Nieto Rojas
Asesor IEMP
«En todas las instituciones en que no llega a soplar el aire penetrante de la crítica pública, la menor corrupción brota y crece como un hongo»: Federico Nietzsche
La corrupción del poder, la imprevisión y la ineficiencia del Estado son los problemas básicos más relevantes que aquejan al sistema político en Colombia[1]. El primero tiene que ver con el predominio del interés particular, personal y privado sobre lo público y nacional en la toma de decisiones, por parte de los representantes ejecutores, administradores de las tres ramas del poder legislativo, gubernamental y jurisdiccional en Colombia.
Es manifestación del segundo problema, cuando las acciones del Estado colombiano se dirigen a producir efectos inmediatos, coyunturales y tardíos basados en visiones retrospectivas del país, equivocadas del mundo actual y de perplejidad ante los acontecimientos del futuro.
Identifica al tercer problema el cumplimiento lento, parcial con las funciones de ejecutar justica, legislar, por las instituciones y servidores del Estado colombiano, aunado a la consecución de objetivos insuficientes y onerosos para satisfacer la demanda social de servicios del Estado.
Efectivamente, siguiendo a Apel y Rawls, el mayor daño y perjuicio de la corrupción es «que toda forma de usufructo particular de los bienes y el poder público por parte de sus administradores lesiona de manera grave los supuestos éticos de libertad personal, justicia social y transparencia comunicativa que sostiene la democracia»[2]. Por consiguiente, cada acto que atente contra la moralidad administrativa, el patrimonio moral y económico del Estado y el efectivo desempeño de la función pública, es un atentado directo a la institucionalidad, legitimidad y gobernabilidad de nuestro Estado social de derecho.
Ahora bien, el acercamiento al fenómeno de la corrupción no puede reducirse a un análisis en términos de pérdidas materiales, por cuanto no solo el patrimonio económico del Estado se ve afectado. El patrimonio moral se ve igualmente vulnerado, por cuanto las conductas que descalifican la función pública y más específicamente la naturaleza del servicio público, deslegitiman la estructura y la organización estatal como mecanismo eficaz para la atención de las demandas de la nación.
Con todo y lo anterior, se ha venido configurando y manifestando —por parte de gobernantes, funcionarios públicos y ciudadanos—, cambios positivos no solo tendientes al control de la gestión pública estatal con relación al manejo transparente de los recursos públicos, sino a decisiones políticas que adoptan como servidores con cargos de gobierno dentro de la administración pública, o como ciudadanos participantes que han contribuido a ellas.
Se presenta también una significativa orientación y posición política para que los colombianos, en forma responsable, se decidan a demandar a los funcionarios públicos que, efectivamente, cometen acciones indebidas, para que ellos asuman responsabilidades individuales por las acciones planeadas y/o ejecutadas y también por las omisiones cometidas.
La participación directa de la sociedad crea un ámbito de lo público en el que tienen un amplio campo de acción los distintos sectores de la sociedad y el cual se puede enriquecer con toda gama de posibilidades que permite una democracia pluralista, que desarrolla un nuevo compromiso con la ética política o civil.
El avance de este papel por parte de los ciudadanos, muestra que la ética política —la práctica de formular juicios éticos acerca de la acción política— está configurada tanto por la política como dominio del poder decisorio, como por la ética regida por imperativos morales, que dejan de lado diferencias de género, clase social o nacionalidad. La ética cumple un papel fundamental al contribuir a la configuración de esos juicios.
Al proponer un papel activo para la ética consistente en transformar a la sociedad humana a través de las ideas y la implicación de las prácticas morales, y al hacerlo, tener un efecto positivo no solo sobre los seres humanos sino también en las sociedades, es lo que conduce a la idea de la transformación, donde la gente debe ser habilitada, dentro de sus propias circunstancias históricas concretas, para actuar en algún sentido de conducta y de principios morales cuando se está buscando cambiar las condiciones perjudiciales para ellos mismos, para otros y futuras generaciones.
Adela Cortina estima que la corrupción pública no solo se da por los actos de soborno, cohecho, clientelismo de los funcionarios públicos, sino por la irresponsabilidad del titular del poder; es decir, del pueblo, cuando se margina de la participación ciudadana, bien cuando se trata de estructurar el poder, bien cuando se trata de presentar iniciativas legislativas o bien cuando se trata de controlar el ejercicio del poder[3].
La ética y la democracia intercambian recursos para resolver problemas inherentes a cada una: la ética política respalda los principios, los métodos y los instrumentos democráticos y lo hace de diversas formas; la perspectiva de la democracia proporciona criterios en virtud de los cuales los ciudadanos deliberan colectivamente. Una nación que se erige bajo los principios de la política democrática sustenta una ética democrática. En este sentido, todo conflicto que toca principios éticos debe resolverse en el marco de un proceso deliberativo y democrático.
A partir del presupuesto según el cual la ciudadanía tiene el derecho y el deber de exigir el óptimo cumplimiento del servicio público, la Procuraduría General de la Nación está empeñada en la recuperación de la credibilidad en las instituciones, a partir de acciones que articulan propuestas, procesos en curso, acciones de largo aliento, con el objetivo de informar, educar, fomentar el desarrollo de valores y actitudes, alentar medidas que permitan el combate de la corrupción, con el propósito de fortalecer la democracia, la solidaridad entre los ciudadanos y la integración entre acciones del Estado y los intereses individuales y colectivos que orienten el surgimiento de un nuevo paradigma donde se potencien nuevos actores sociales que modifiquen las formas de atención y respuesta a las demandas sociales, relevando la corresponsabilidad Estado-sociedad como ejercicio de la democracia participativa.
Esta manifestación se expresa en la interacción entre la Procuraduría General de la Nación y las redes sociales para darle viabilidad a la construcción ética de lo público, eliminándose las limitaciones para responder con la necesaria agilidad a los desafíos planteados en el combate del flagelo de la corrupción.
La ética en el sentido de que se trata de una reflexión valorativa sobre sucesos morales y sociales, así como de respuesta a dichos sucesos, busca resolver los conflictos que surgen entre los individuos y grupos con valores compartidos, las demandas en el presente o los contextos futuros.
La disciplina de la ética para los funcionarios y trabajadores al servicio del Estado implica tomar en cuenta los valores humanos fundamentales en el desarrollo de sus funciones y responsabilidades para hacer frente a las necesidades de la sociedad, buscando un equilibrio que implica una consideración sistematizada de conducta apropiada, basada en valores expresados en principios para situaciones reales y teóricas.
El resultado de la ética «aplicada» debe ser el mejoramiento de la sociedad, o sea, de la calidad de vida de la población de una comunidad, municipio, departamento, etc., lo cual implica el logro de un desarrollo sustentable.
Como quiera que la Procuraduría General de la Nación mediante sus funciones y responsabilidades debe estar a la cabeza en estos aspectos, asumiendo y planteando un papel de defensa ante la sociedad para el mejoramiento de su calidad de vida, tiene la responsabilidad de ayudar a educar a la sociedad en las cuestiones relacionadas con la ética pública, advirtiendo de las consecuencias de tomar determinadas decisiones que impidan cambiar las condiciones perjudiciales, no solo ahora, sino para las futuras generaciones.
Recalcar que la aplicación de los fundamentos, principios y proceso de la ética «aplicada» día a día resultan más indispensables en la realización de las funciones de los Estados modernos. Esto no quiere decir otra cosa diferente a que si queremos organismos gubernamentales modernos eficaces para el desarrollo de sus funciones, junto a comunidades, municipios, departamentos, etc., se hace imprescindible el promover una cultura de la ética aplicada que modifique sustancialmente a la sociedad, recordando que el ejemplo y la acción es lo que mejores resultados proporciona.
El IEMP es ética pública
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[1] Colciencias. Documento 028 de 1986.
[2] Procuraduría General de la Nación, Instituto de Estudios del Ministerio Público. La corrupción: análisis normativo, jurisprudencial y fáctico, 1999-2001; Bogotá, 2003.
[3] Cortina, Adela. Hasta un pueblo de demonios. Ética pública y sociedad. Taurus pensamiento. Segunda edición diciembre de 1998.