Compartimos contigo algunos detalles del Lanzamiento de la Coordinación Nacional de Intervención Penal en Defensa de los Derechos de las Mujeres.
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Este viernes 16 de julio de 2021, la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, presentó a las entidades, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanía en general, la Coordinación Nacional de Intervención Penal en Defensa de los Derechos de las Mujeres.
El propósito del encuentro virtual, transmitido a través del canal de YouTube del IEMP, fue dar a conocer a las procuradurías judiciales penales y las personerías municipales y distrital, la Coordinación Nacional, como apoyo institucional en la priorización, aplicación del enfoque de género y seguimiento de los casos en los que se haga necesaria la defensa de los derechos de las mujeres, ya sea como víctimas de violencia basada en género, testigos, procesadas o condenadas.
«La lucha para erradicar la violencia y discriminación contra las mujeres requiere un trabajo articulado, coherente y solidario»: Procuradora Margarita Cabello
En la instalación del evento, la Procuradora, consciente de la necesidad de trabajar desde todas las funciones misionales de la entidad por la consecución del derecho a la igualdad entre hombres y mujeres, manifestó que la creación de la Coordinación Nacional es «el primer paso de la Estrategia Promujeres: una Procuraduría Comprometida con las Mujeres, cuyo fin es erradicar cualquier forma de violencia y discriminación».
La Procuraduría está implementando la 'Estrategia Promujeres: una Procuraduría comprometida con las mujeres', para priorizar la defensa de sus #DDHH: Procuradora, Margarita Cabello en lanzamiento de la 'Coordinación de Intervención Penal en Defensa de derechos de las Mujeres' pic.twitter.com/Jsx9pr98PZ
— Procuraduría General de la Nación (@PGN_COL) July 16, 2021
La jefe del Ministerio Público señaló los objetivos de la Coordinación Nacional de Intervención Penal en Defensa de los Derechos de las Mujeres:
- impulsar en los procesos penales la debida diligencia en la investigación y el juzgamiento,
- hacer efectivo el derecho de acceso a la justicia a las mujeres,
- evitar la revictimización,
- buscar decisiones en los procesos que estén libres de prejuicios y de estereotipos de género,
- propender por una intervención penal con enfoque diferencial, cuando la procesada o condenada sea una mujer violentada,
- apoyar al funcionario judicial para detectar el desequilibrio en los casos de violencia de género como el ferminicidio, por ejemplo, y así romper los posibles prejuicios o estereotipos existentes en un proceso.
La Procuradora recalcó que «la lucha para erradicar toda forma de violencia y discriminación en contra de las mujeres, requiere, obligatoriamente, que todas las instituciones estatales de una forma articulada, coherente y solidaria, hagamos un frente común dentro del marco de nuestras competencias».
Agregó que la intervención de un Ministerio Público «formado en perspectiva de género, puede marcar la diferencia en un proceso penal», y por ello la importancia de capacitarnos. Finalmente, enfatizó que el IEMP cumple un papel fundamental para formarnos en la actuación judicial con perspectiva de género, lo cual «contribuye de manera efectiva en la defensa de los derechos humanos de las mujeres».
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Lanzamiento de la Coordinación Nacional de Intervención Penal en Defensa de los Derechos de las Mujeres
La Procuradora General estuvo acompañada por la procuradora delegada para asuntos penales, María Eugenia Cárdenas Giraldo, quien aseveró que, en el proceso penal en Colombia, continúa vigente «cierta forma de tolerancia a la violencia contra la mujer, en la medida que se mantienen patrones de discriminación, empezando por la revictimización». Esto, precisó, se refleja en:
- las omisiones en las investigaciones,
- la forma como se abordan las hipótesis investigativas,
- el cómo se practica el valor de la prueba, entre otras.
La procuradora delegada recordó a los participantes del encuentro virtual, la sentencia de la Corte Constitucional que señala, expresamente, que «la mujer es un sujeto de protección reforzada al interior de nuestro cuerpo normativo constitucional» (Corte Constitucional, sentencia C-667/06).
Estereotipos de género en el proceso penal
La magistrada de la Audiencia Provincial de Barcelona (España), Yolanda Rueda Soriano, invitada al evento, expuso a nuestra audiencia los «Estereotipos de género en el proceso penal».
Yolanda Rueda es abogada, ha sido docente invitada en varias universidades como la de Girona, y se ha desempeñado como coordinadora penal de Juezas y Jueces para la Democracia en España. Nuestra invitada internacional es, sobretodo, una mujer comprometida con los derechos humanos de las mujeres.
En su ponencia, Yolanda Rueda habló de las medidas que garantizan que los procesos por delitos contra la mujer sean justos y protejan efectivamente sus derechos, en aras de la igualdad.
Antes de entrar en materia, reconoció la importancia de la Coordinación Nacional de Intervención Penal en Defensa de los Derechos de las Mujeres de la Procuraduría General de la Nación, que es un aporte más a la implementación de los convenios internacionales que buscan erradicar las violencias contra las mujeres y las niñas.
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La magistrada hizo referencia a sentencias y decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, y por supuesto de tribunales de España, para centrar la atención en cómo:
- identificar y erradicar los estereotipos de género que discriminan a la mujer en el ámbito penal,
- realizar investigaciones sumariales efectivas,
- incorporar buenas prácticas en el tratamiento procesal para evitar la victimización secundaria o revictimización.
Cómo Identificar y erradicar los estereotipos de género en el ámbito penal
De acuerdo con Yolanda Rueda, la valoración de la prueba debe ser razonable, sin sesgos, sin tratos desiguales o inequitativos para las mujeres. Pero, ¿cuáles son los estereotipos que se deben evitar a la hora de investigar y tomar decisiones en procesos penales?:
- el sexo, referidos a las diferencias físicas y biológicas;
- los roles sexuales, referidos al género con base en concepciones sociales, culturales y prejuicios;
- los compuestos, aquellos en que el género intercepta con otros factores como la edad, la raza, la religión, etc.;
- la idea preconcebida de una víctima, porque consideramos que el comportamiento de algunas de ellas no está delimitado en los parámetros ‘establecidos’ (no denuncia a tiempo, no se encierra en casa, no expresa su dolor);
- el sesgo machista, de investigadores o investigadoras, o jueces o juezas.
Adicional a identificar los estereotipos de género, Yolanda Rueda recomienda analizar si las víctimas han sido intimidadas, lo que, evidentemente, afecta el desarrollo de los procesos penales.
Por otro lado, la conferenciante advirtió que «juzgar con perspectiva de género no puede confundirse con la pretensión de que toda víctima mujer», merece que su agresor obtenga la máxima pena, sin fundamentos razonables que puedan llevar a un fallo desproporcionado, para ello recomienda:
- tener en cuenta la presunción de inocencia, para no castigar con condenas injustas,
- promover el Estado de derecho, que exige que la culpabilidad se haya demostrado con certeza.
Investigaciones sumariales efectivas
Para Yolanda Rueda, el peso probatorio recae sobre la víctima cuando hay solo dos sujetos procesales, lo que se evidencia en interrogatorios muy fuertes a los que la víctima es sometida, y genera culpas cuando existe absolución al responsable. Para evitar este escenario, tenemos el deber de realizar investigaciones efectivas.
En este sentido, es esencial en la instrucción recabar las evidencias para corroborar cada una de las versiones, como testimonios, elementos materiales de prueba, exámenes médicos, y demás asuntos que faciliten la toma de decisiones.
Incorporar buenas prácticas
La magistrada destacó buenas prácticas para la investigación y el tratamiento de estos hechos, que conducen a un juicio justo, equitativo y que garantice el derecho de acceso a la justicia en condiciones de igualdad, sin ninguna discriminación, en razón del género.
- No tener comentarios inapropiados o actitudes de desconfianza ante hechos denunciados por una mujer, tanto por parte de la policía como de fiscales o jueces.
- No tienen cabida interrogatorios prejuiciosos.
- No pulverizar la intimidad de la persona que afirma ser víctima de un delito.
- No solicitar declaraciones a la víctima una y otra vez, sino única y exclusivamente cuando sea necesario.
- Las víctimas deben estar acompañadas de una persona(s) de su elección.
- Cualquier reconocimiento médico debe ser respetuoso y efectuarse solo para los fines del proceso penal.
- En el juicio, evitar la confrontación entre víctima y acusado.
- Tratar a las víctimas con dignidad.
- Capacitar a los operadores sobre investigaciones diligentes en casos de violencia sexual contra las mujeres.
Para la magistrada Rueda, el sufrimiento es una necesidad a la que el proceso no puede sustraerse, pero tenemos en nuestras manos la opción de evitar que ese mal no traspase el umbral de necesidad, y que no generemos un sufrimiento añadido gratuito tanto a la víctima como al victimario.
La experta finalizó su intervención puntualizando que, para erradicar la discriminación en razón de género, «no basta solo con el cambio normativo sino que es necesario el cambio cultural».
¿Quiénes hacen parte de la Coordinación Nacional?
La Coordinación Nacional de Intervención Penal en Defensa de los Derechos de las Mujeres de la Procuraduría será liderada por la delegada para el Ministerio Público en asuntos penales, quien contará con el aporte fundamental de su equipo de trabajo en el nivel central y en los territorios, así:
- Ruth Silvana Cortés Bolaños, procuradora judicial penal en Armenia, quien ejercerá el apoyo regional en Caldas, Huila, Quindío, Risaralda y Tolima;
- Yolanda Gómez Martínez, procuradora judicial penal en Bucaramanga, será el apoyo regional en Arauca, Casanare, Guanía, Guaviare, Meta, Norte de Santander, Santander, Vaupés y Vichada;
- Liliana Rosales España, procuradora judicial penal en Cali, estará a cargo de este tema en Caquetá, Cauca, Chocó, Nariño, Putumayo y Valle del Cauca;
- Martha Evangelina Valera Ibáñez, procuradora judicial penal en Valledupar, será el apoyo regional en Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, San Andrés, Providencia y Santa Catalina y Sucre;
- Andrea Nataly Bermúdez Sánchez, procuradora judicial penal en Bogotá, acompañará este laudable propósito en la capital del país, y en las regiones del Amazonas, Boyacá y Cundinamarca, y brindará su apoyo constante a la Coordinadora Nacional.
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