Investigaciones académicas del IEMP
Impactos en la convivencia y la prevención de la violencia intrafamiliar (VIF)
Aportar recomendaciones para el diseño de políticas públicas, que propendan a la reducción del patrón de violencia intrafamiliar en zonas que padecieron —o siguen padeciendo— el conflicto armado, es el propósito de la investigación del IEMP.
¡En este espacio te contamos algunas de las conclusiones y propuestas del estudio!
Por Sandra Rojas Barrero[1]
Investigadora académica del IEMP
«El posacuerdo y su conexión con las repuestas del Estado ante la violencia intrafamiliar en Colombia: impactos en la convivencia y la prevención», es un estudio del IEMP que tuvo como objetivo analizar los retos que aún tiene el Gobierno colombiano, en términos de política pública, para evitar y prevenir la violencia intrafamiliar (VIF) en víctimas y/o victimarios del conflicto armado colombiano y en territorios con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). El análisis se enmarca en el eje estratégico de la función preventiva de la Procuraduría General de la Nación y en la línea de investigación «familia, infancia y adolescencia» del IEMP —esta última siempre presente bajo la lupa de los investigadores académicos—, que se enfoca en indagar estos espacios de interacción y brindar recomendaciones para la gestión de problemáticas sociales e institucionales que requieren la atención no solo del Ministerio Público, sino también de todos los actores involucrados que, además, tienen la competencia y/o el interés de aportar a la construcción de un mejor país.
Colombia presenta diferentes tipos de violencia que se alternan o se relacionan entre ellas, por tal razón, los retos de prevención y mitigación de daños son mayores para el Gobierno. Teniendo en cuenta esta diversidad de violencia y la multicausalidad del fenómeno de VIF, es muy importante entender qué sucede y cómo se expresa este fenómeno en poblaciones que han sido expuestas a fuertes choques de violencia y/o alto estrés postraumático. Analizar este tipo de población es necesario, porque en toda sociedad posacuerdo (posconflicto), sus integrantes, involucrados o afligidos durante tantos años por el conflicto armado, pueden llegar a ser uno de los mayores factores de inestabilidad social y política que afectan la convivencia y la seguridad nacional. Aunado a lo anterior, la VIF en Colombia se ha incrementado en el último año de manera alarmante; lo anterior, por el aislamiento preventivo obligatorio impuesto por la emergencia sanitaria derivada del covid-19, entre otras razones. La gravedad de este fenómeno y su alarmante aumento ha llevado a convocar a diversos actores como la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, entre otras entidades del Estado, a estudiar este tema, y con ello generar acciones de mitigación y de prevención de la VIF, lo cual a su vez debe contribuir a salvaguardar la integridad tanto de las familias colombianas como la de sus integrantes, a saber, niñas, niños y mujeres, entre otros.
En este contexto, la presente investigación se planteó como un estudio de carácter descriptivo con un enfoque centrado en lo institucional y territorial. El método recurre a fuentes de información secundaria a través de una revisión documental, que permitió el diseño de un referente teórico que servirá de guía indicativa y provisional para apoyar la construcción conceptual de las políticas públicas desarrolladas para prevenir la VIF. Dentro del estudio el IEMP analizó tres experiencias exitosas de políticas públicas, llevadas a cabo en otros países, para la prevención de la VIF en situaciones de posconflicto, realizó un mapeo de actores y una caracterización de la situación actual de la problemática, e identificó insumos base que servirán para el desarrollo del proyecto en el 2021.
¿Cómo reducir el patrón de VIF en municipios afectados por el conflicto armado?
Algunas de las conclusiones del IEMP en la investigación «El posacuerdo y su conexión con las repuestas del Estado ante la violencia intrafamiliar en Colombia: impactos en la convivencia y la prevención», indican que para evitar la VIF es trascendental estudiar y entender el territorio y las diversas dimensiones que lo componen, esto es, las relaciones sociales, económicas, culturales y de poder, entre otras, y con base en esas características propias de los diversos territorios entender cómo se implementan los compromisos internacionales en materia de derechos humanos, en particular, en referencia a la VIF dentro del marco del posacuerdo de paz. La investigación también hace un llamado a prestar especial atención a las víctimas de violencia de género, y propone consolidar acciones, programas o proyectos de prevención alrededor de la familia, ya que con ello se erradicaría, en parte, la problemática.
En este sentido, es conveniente continuar el análisis de la problemática de VIF en los municipios con PDET, pues el monitoreo dio cuenta de varios aspectos importantes que deben ser abordados de tal forma que tengan presente las características heterogéneas de estos municipios. Es decir, si bien es cierto que a nivel nacional se abordan las mismas tipologías, a saber, maltrato al menor, violencia a la pareja, etc., estos municipios cuentan con ciertas particularidades que los distinguen de los demás, pues son territorios que presencian o presenciaron el conflicto armado, así como las economías ilícitas y la debilidad institucional, etc. En consecuencia, es menester la implementación —dada la heterogeneidad— de programas y políticas —en términos sociales, económicos, educativos, entre otros—, que permitan reducir el patrón de violencia que permanece año tras año —principalmente— en aquellos municipios priorizados que han padecido —o siguen padeciendo— el conflicto armado.
Estos son los tres datos clave de la investigación
El IEMP es convivencia
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[1] Este escrito se basa en el estudio de carácter descriptivo «El posacuerdo y su conexión con las repuestas del Estado ante la violencia intrafamiliar en Colombia: impactos en la convivencia y la prevención», realizado por la investigadora Andrea del Pilar González Peña, contratista del IEMP, y coordinado por la autora de este artículo.