La Procuraduría General de la Nación a través de la Delegada para el Seguimiento al Acuerdo de Paz y la División de Capacitación del IEMP, con el apoyo del Servicio de las Naciones Unidas para la Acción contra Minas (Unmas, por sus siglas en inglés), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por sus siglas en inglés), el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y el Subgrupo de Minas del Clúster de Protección Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), capacitan a ochenta servidores de personerías de municipios afectados por minas antipersonas (MAP), municiones sin explosionar (MUSE) y artefactos explosivos improvisados (AEI), ubicados en los departamentos de Arauca, Antioquia, Nariño, Norte de Santander, Chocó y Putumayo.
El Programa de Fortalecimiento de las Personerías Municipales en la Acción Integral contra Minas en los Territorios busca el desarrollo de competencias, de estos agentes del Ministerio Público, relacionadas con los componentes de la política pública de Acción Integral contra Minas Antipersonal (AICMA), a saber, el registro y atención integral a las víctimas, y la educación en el riesgo de minas (ERM) en zonas del país donde se ha identificado la exposición de las comunidades por la contaminación de MAP, MUSE y AEI. En este sentido, el programa de formación ofrece y cualifica los conocimientos de las personerías municipales en su contexto, los actores que intervienen en las actividades relacionadas con la AICMA, los roles y responsabilidades de cada uno de ellos, y por supuesto, fortalece las competencias necesarias para cumplir con sus obligaciones en pro de las poblaciones afectadas garantizando la protección y restablecimiento, si es del caso, de sus derechos.
.jpg)
Las personerías municipales convocadas son Saravena, Fortul, Arauquita, Arauca, Tame, Puerto Rondón, Cravo Norte (Arauca); Ituango, Briceño, Valdivia, Anorí, Tarazá, Cáceres, Zaragoza, El Bagre, Caucasia, Nechí, Murindó y Dabeiba (Antioquia); Pizarro, Tumaco, Ricaurte, Charco, La Tola, Mosquera, Olaya Herrera, Iscuandé, Barbacoas, Ricaurte, Magüí Payán, Roberto Payán, Cumbitara, El Rosario, Leiva, Policarpa, Taminango (Nariño); Puerto Asís, Puerto Leguízamo, Orito, Puerto Guzmán, Valle del Guamuez, San Miguel, Puerto Caicedo (Putumayo); Ocaña, Ábrego, Convención, El Carmen, El Tarra, Teorama, Sardinata, San Calixto, Hacarí, Tibú (Norte de Santander), y Juradó, Bahía Solano, Nuquí, Riosucio, Carmen del Darién, Unguía, Acandí, Bojayá, Quibdó, Alto Baudó, Medio Baudó, Bajo Baudó, Istmina, Medio San Juan y Litoral del San Juan, Bagadó y San José del Palmar (Chocó).
¿Cuál es el papel del Ministerio Público en la AICMA?
La Procuraduría General de la Nación ha venido realizando el seguimiento a la política de AICMA, la cual es fundamental para la construcción de paz en los territorios, la atención y protección de las víctimas y el desarrollo de la política a nivel territorial. Recientemente, el procurador general de la nación, Fernando Carrillo Flórez, emitió la Directiva 13 de 2020 que establece lineamientos para el fortalecimiento de la política de AICMA en los territorios y el diálogo entre las entidades territoriales y las instituciones del nivel nacional. De igual manera señala la necesidad de atención y protección a las víctimas según lo establecido en la Ley 1448 y los Decretos Ley 4633 y 4635, y las obligaciones contenidas en el Acuerdo Final para la paz.
¿Qué temas conocerán los personeros municipales?
La Procuraduría y las organizaciones involucradas en el programa de formación incluyen dentro del diseño de la capacitación la Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonal y sobre su Destrucción (Convención de Ottawa), que fue aprobada por Colombia (Ley 554, 2000); la normativa para dar cumplimiento a la Convención que fija disposiciones con el fin de erradicar el uso de las MAP y crea la Comisión Intersectorial Nacional para la Acción contra Minas Antipersonal-Cinamap (Ley 759, 2002); la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448, 2011), y los Decretos Ley 4633 y 4635 de 2011 para la atención y reparación integral a las víctimas de comunidades étnicas.
Además, serán desarrollados temas como el Estándar de Gestión Territorial de la Acción Integral contra Minas, que establece la necesidad de fortalecer la asistencia técnica y el diálogo entre la autoridad nacional y las entidades territoriales, y busca el fortalecimiento en este proceso del Ministerio Público. Asimismo, el Estándar de Educación en Riesgo de Minas, que define los procedimientos y componentes de la ERM en emergencias, contextos educativos y en desminado.
En suma, los propósitos del aprendizaje del Programa de Fortalecimiento de las Personerías Municipales en la Acción Integral contra Minas en los Territorios es reforzar conocimientos en enfoques conceptuales como la acción humanitaria, la acción sin daño y la AICMA, e identificar sus componentes como la atención integral a víctimas, el desminado humanitario, la prevención a través de la ERM, las rutas y pasos de atención, y fomentar el comportamiento ético de los personerías para el reconocimiento de las obligaciones institucionales con las víctimas de MAP, MUSE y AEI.
El IEMP es conocimiento en los territorios