El Instituto de Estudios del Ministerio Público (IEMP), ‘editorial y universidad’ de la Procuraduría General de la Nación, organizó para el próximo 22 de junio un evento académico en el que se abordará la implementación, ejecución e impacto del Nuevo Estatuto Anticorrupción en Colombia.
Al seminario están invitados el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado; el Ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras; la Contralora General de la República, Sandra Morelli Rico, la Viceprocuradora General de la Nación, Martha Isabel Castañeda Curvelo; el Vicefiscal General de la Nación, Juan Carlos Forero Ramírez; el saliente Auditor General de la República, Iván Darío Gómez Lee; el Director del IEMP, Christian José Mora Padilla; procuradores delegados y auxiliares, así como tratadistas, docentes universitarios y funcionarios del Ministerio Público.
En el ejercicio académico, que tendrá como sede el auditorio Antonio Nariño de la Procuraduría General de la Nación, se abordarán las nuevas leyes que al respecto expide el Congreso de la República, así como las políticas públicas que desarrolla el Gobierno Nacional en cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo.
‘Antecedentes y exposición de motivos de la nueva Ley’, ‘Medidas penales en la lucha contra la corrupción pública y privada’, ‘Nuevo régimen de inhabilidades para contratar con el Estado’, ‘Medidas en la lucha contra la corrupción en la contratación estatal’, ‘Medidas de vigilancia y control al sector salud’, ‘Medidas disciplinarias en la lucha contra la corrupción’, ‘Medidas para la eficiencia y la eficacia del control fiscal’ y ‘Políticas institucionales y pedagógicas’, son algunas de las conferencias incluidas en la agenda.
Con esta jornada de reflexión, en la que también se realizará la presentación de nuevas publicaciones, el IEMP pretende profundizar, junto a los actores, en la iniciativa, el trámite y la formulación de las leyes; así como analizar la participación frente a ellas de los organismos de control y las altas cortes.
Todo ello dentro del compromiso de capacitación a los funcionarios públicos del país, en busca de un óptimo servicio a la ciudadanía y el respeto a las garantías de la población colombiana.