La capacitación sobre las funciones misionales de la Procuraduría General de la Nación estuvo dirigida a integrantes del Comité del Paro Cívico de Buenaventura, que se hizo visible con ocasión de la manifestación popular del año 2017, aunque su creación se remonta al 2011 cuando se reúne un colectivo de trabajo, cuyo propósito fue requerir a las instancias gubernamentales para manifestar su inconformidad sobre la calidad del servicio de agua en el municipio. Los objetivos del Comité, año tras año, se han ampliado con la finalidad de defender sus derechos, a saber: salud, educación, ambiente, territorio, cultura, derechos humanos y acceso a la justicia, entre otros.
El encuentro fue virtual el pasado 25 de septiembre de 2020, espacio académico en donde los integrantes del Comité recibieron orientaciones pedagógicas en la formulación y trámite de peticiones, quejas y reclamos, e información acerca de las funciones preventiva, disciplinaria y de intervención de la Procuraduría, y el rol de garante del Ministerio Público dentro del marco del Decreto 1402 de 2017 (art. 6), mediante el cual se creó la «Comisión de Seguimiento al Acuerdo del Paro Cívico de Buenaventura para vivir con dignidad y en paz en el territorio», donde la entidad actúa como moderadora y garante del cumplimiento de dicha concertación formalizada el 6 de junio de 2017.
La instalación de la jornada estuvo a cargo de la procuradora delegada para las entidades territoriales y el diálogo social, Myriam Méndez Montalvo, y la directora del IEMP, Diana Dajer. La información sobre la función de garante de la Procuraduría General de la Nación le correspondió a Richard Moreno Rodríguez, procurador delegado para la prevención en materia de derechos humanos y asuntos étnicos. La moderación fue realizada por el jefe de la División de Capacitación de la unidad académica del Ministerio público, Carlos Arturo Arboleda Montoya.
La formulación y el trámite de peticiones, quejas y reclamos, así como el seguimiento y vigilancia que puede ejercer el Ministerio Público a dichos requerimientos ciudadanos, fue expuesta por Laura Rocío Espinosa Marcka de la Red de Formadores del IEMP. Temas como el derecho de petición, la normativa que lo regula, los requisitos para su presentación, las clases de peticiones y consecuencias para servidores públicos y particulares al no dar respuesta satisfactoria a dichas solicitudes, fueron presentados a los participantes de la jornada de capacitación.
Las funciones preventiva, disciplinaria y de intervención de la Procuraduría estuvieron a cargo de Omar Yesid Triviño Correa, también integrante de la Red de Formadores del IEMP, quien detalló a los asistentes la multiplicidad de acciones que puede adelantar el Ministerio Público encaminadas a la prevención de riesgos de toda naturaleza, en los que puede incurrir la Administración Pública o particulares que manejan recursos públicos; asimismo, explicó en qué consisten los procesos disciplinarios, la conciliación administrativa y la intervención ante autoridades jurisdiccionales civiles y agrarias, laborales, penales y de familia, entre otras.
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