Con la asistencia de cerca de 40 personeros de municipios de la región caribe, la Procuraduría General de la Nación, en alianza con el Instituto de Estudios del Ministerio Público (IEMP), la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA) y Colombia Humanitaria, inició hoy en la ciudad de Cartagena el Programa Nacional de Capacitación en Derechos Humanos.
Durante el acto de instalación de este evento en la capital de Bolívar, el Director del IEMP, Christian Mora Padilla, señaló la importancia del papel de los personeros municipales en el seguimiento al adecuado, oportuno y transparente manejo de los recursos que se han destinado para atender los efectos de la ola invernal.«Duele ver, en un país en crisis, cómo los recursos destinados a la atención de los damnificados se diluyen, y no propiamente por el invierno», manifestó a los asistentes, al invitarlos a ser multiplicadores del mensaje de transparencia en sus regiones.
Por su parte, el Procurador Delegado para la Descentralización y las Entidades Territoriales, Carlos Augusto Mesa Díaz, recordó a los personeros que deben hacer seguimiento a las acciones de los mandatarios municipales, a quienes corresponde, entre otras tareas fundamentales, estructurar los planes de prevención y atención de desastres, conformar los comités locales (CLOPAD), asignar la contribución para constituir el cuerpo de bomberos o contratar el servicio con un operador, y específicamente con respecto a la actual emergencia invernal, articular el registro de damnificados de sus municipios con el DANE, y reportar ante los comités locales y regionales de prevención y atención de desastres, los eventos y daños identificando a los afectados.
De otra parte, en materia de atención, asistencia, reparación integral y restitución de tierras de las víctimas del conflicto armado, el Procurador Delegado Preventivo de Derechos Humanos y Asuntos Étnicos, Mario González Vargas, señaló que para la Procuraduría es satisfactorio registrar la expedición de la Ley 1448 de 2011 (conocida como la Ley de Víctimas) y confía en que su implementación permita avanzar integralmente en la garantía de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación.
El doctor González Vargas recordó también a los personeros que deben atender sus obligaciones en el marco de la Justicia Transicional, entre otras, recibir la declaración de los hechos que configuran la situación de desplazamiento, recibir información relacionada con el despojo y abandono forzado de tierras, notificarse de los procesos de restitución, recibir la declaración y solicitud de registro de las víctimas, interponer recursos contra la decisión que niegue el registro, e integrar los comités territoriales de Justicia Transicional.
En desarrollo de este Programa Nacional de Capacitación en Derechos Humanos, el Ministerio público adelantará 14 talleres de sensibilización en atención a víctimas, ayudas humanitarias, control a los recursos destinados a conjurar esta emergencia, así como la rendición de cuentas de los personeros en su último año de período y la estrategia de empalme.
La próxima cita tendrá sede en la ciudad de Montería los días 7 y 8 de julio.