El informe preventivo elaborado por la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios relacionado con la gestión del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), editado y publicado por el IEMP, “(…) relaciona más de cincuenta casos emblemáticos que ilustran irregularidades que se han presentado (…), que sirven de ejemplo y de alerta (…), por lo que se hace necesario considerar una reestructuración de esa entidad que contemple incluso su supresión (…)”, menciona la introducción del libro.
Oscar Darío Amaya Navas, procurador delegado; Rafael Caro Espitia, asesor, y Adriana Lucía Ramírez Nivia, profesional, de la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, son los autores del documento Reflexiones sobre el Incoder y la institucionalidad agraria en Colombia. El capítulo inicial del libro contiene el«análisis del sector agropecuario» con un breve recorrido a las políticas de desarrollo rural en el país, el desmonte institucional del sector en al año 2003 y la creación del Incoder.
El segundo aparte contiene la “evaluación de la gestión del Incoder”, el tercero presenta el “análisis de los procesos misionales” del instituto como la titulación de baldíos, los asuntos étnicos, las convocatoria de subsidios para la adquisición de tierras y el ordenamiento territorial que contempla las Zonas de Reserva Forestal (ZRF), campesina (ZRC), de desarrollo empresarial (ZDE) y las Áreas de Desarrollo Rural (ADR).
Finalmente, la publicación incluye el “análisis de las problemáticas regionales en la gestión del Incoder” en los departamentos de Sucre, Magdalena, Bolívar, Guaviare, Cesar, Nariño, Córdoba, Atlántico y Meta. Así mismo, entrega a la opinión pública las conclusiones de la evaluación realizada por la Procuraduría General de la Nación.
MVS