¿Cuáles son las limitaciones para la atención a las personas con deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales? La PGN y el IEMP analizan la implementación de la Ley 1996/19. ¡Conoce esta investigación!
La Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y las Mujeres, y el IEMP, analizan cómo contribuir desde el Ministerio Público al acceso efectivo de los derechos de las personas con discapacidad dentro del marco de la Ley 1996/19.
La normativa que «establece el régimen para el ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad mayores de edad» (Ley 1996/19), ha presentado dificultades en su implementación por las sustanciales reformas que introduce esta ley.
La Procuraduría General de la Nación (PGN), como garante y defensora de los derechos de la sociedad y especialmente de las poblaciones más vulnerables, decidió analizar cuáles son esas dificultades y necesidades en la implementación de la ley, que han identificado los servidores de la PGN que cumplen funciones de intervención y prevención en el territorio nacional.
Walter Azula Trajano, investigador y asesor de la División de Investigaciones Sociopolíticas y Asuntos Socioeconómicos del IEMP, nos cuenta en qué consiste y qué resultados busca este análisis, proyecto de investigación que fue construido con la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y las Mujeres.
Walter Azula Trajano
¿Cuáles son las dificultades en la implementación de la Ley 1996/19?[1]
Investigador y asesor
División de Investigaciones Sociopolíticas y Asuntos Socioeconómicos del IEMP
La PGN y el IEMP adelantan el estudio que busca identificar las dificultades de los funcionarios de la entidad que cumplen funciones de intervención y de prevención, frente a la atención y la orientación a las personas mayores de edad en situación de discapacidad, para la efectiva implementación de la Ley 1996/19.
La investigación se realizará en el territorio nacional distribuido en cuatro macrorregiones, mediante encuentros con procuradores judiciales de familia de la Costa Atlántica, el occidente colombiano, la Orinoquia y la Amazonia, el centro del país, y, finalmente, un encuentro con expertos en el tema.
Los procuradores(as) judiciales de familia, bajo la coordinación del equipo vinculado con el tema de la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y las Mujeres, y la Dirección del IEMP, a través de la División de Investigaciones, iniciamos el análisis que pretende los siguientes resultados:
- identificar las dificultades que afrontan los funcionarios(as) de la PGN que cumplen funciones de intervención y de prevención al momento de orientar a los usuarios, dentro del marco de la Ley 1996/19;
- elaborar un documento que recopile las buenas prácticas en la atención de la población en situación de discapacidad y sus redes de apoyo, en el marco de la normativa, adquiridas en el ejercicio de la función de intervención y preventiva;
- presentar los avances parciales de este trabajo en una de las Cátedras Carlos Mauro Hoyos del IEMP.
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Antecedentes del proyecto de investigación
A partir de la Constitución Política de 1991, se consagraron los derechos de la población con discapacidad (arts. 13, 47, 68, entre otros), y el país ha venido desarrollando una legislación en materia de derechos que hoy se encuentra a la vanguardia en materia legislativa.
De esta manera, la población con discapacidad goza de los derechos fundamentales en el campo de la educación, la salud y el trabajo, así como también en materia de recreación y cultura.
Sin embargo, algunos grupos poblacionales con discapacidad han tenido retrasos y dificultades en la conquista de sus derechos. En este sentido, es un verdadero acierto del legislador haber expedido la Ley 1996/19.
En la normativa, entre los diversos fines que persigue, se encuentra el otorgar a esta población plena capacidad de ejercicio o de obrar a las personas mayores que por tradición eran segregadas y excluidas de la vida social y negocial.
Por ejemplo, durante varios años se recurrió a la figura de la interdicción debido a la situación de discapacidad mental, lo que conllevó a personas en tal condición, a la pérdida de la dignidad y de la autonomía para decidir sobre aspectos esenciales para su desarrollo como personas.
La interdicción para ciertas poblaciones ha constituido un obstáculo, no solo de orden jurídico sino también con las connotaciones éticas y sociales que este régimen de interdicción ha generado.
Para subsanar esta situación y apalancándonos en un enfoque diferencial, esta normativa por fortuna aclara, despeja y otorga tareas y funciones a las entidades públicas para avanzar en la implementación de esta importante ley, que es producto del resultado del desarrollo de la normativa internacional en la defensa de los derechos humanos.
Ante las dificultades de su implementación por las sustanciales reformas que introduce la ley, la PGN como entidad garante y defensora de los derechos de la sociedad y de los sectores más vulnerables del país, se ha tomado en serio la tarea de aunar esfuerzos frente a dichos obstáculos.
En tal sentido, el análisis de la PGN y el IEMP busca dar respuesta a la pregunta: ¿Cuáles son las dificultades y las necesidades que han identificado los servidores de la PGN que cumplen funciones de intervención y de prevención en el territorio nacional, para la implementación de la Ley 1996 de 2019?
La respuesta, a su vez, pretende establecer una estrategia que permita subsanar esas dificultades y satisfacer las necesidades identificadas, y de esta manera ofrecer una orientación de calidad, oportuna y efectiva por parte de los servidores del Ministerio Público.
El IEMP es investigación
[1] Artículo elaborado con base en el anteproyecto de investigación «Limitaciones para la atención a las personas con discapacidad por parte de los funcionarios de la Procuraduría General de la Nación (PGN) que cumplen funciones de intervención y de prevención, en el marco de la Ley 1996 de 2019», documento elaborado por la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y las Mujeres, y el IEMP.