Un compromiso con la construcción de la paz y del posconflicto
La resolución pacífica de los conflictos es uno de los mecanismos que fortalecen la convivencia en las sociedades y en las instituciones especialmente en un contexto de construcción de la paz, anunció en el acto de apertura de la mesa interinstitucional del Sistema Nacional de Conciliación, el Director del Instituto de Estudios del ministerio público, Dr. Carlos Mario Molina.
Con el objeto de observar la función de conciliación extrajudicial, el IEMP convocó este encuentro toda vez que lidera el proceso de Certificación de Competencias Laborales en las áreas disciplinaria y de conciliación.
En esta reunión se reconoció la importancia de la conciliación como el apoyo de un tercero neutral y calificado para alcanzar un nivel de satisfacción de los interesados y lograr mediante diálogo una situación jurídica favorable que soluciones los problemas que más aquejan a los ciudadanos.
Asistieron al encuentro el procurador para la conciliación, Iván Darío Gómez Lee, la procuradora delegada para la infancia, adolescencia y familia, Sonia Patricia Téllez Beltrán, la procuradora delegada para los asuntos civiles y laborales, Adriana Sanclemente Alzate quienes estuvieron acompañados de un equipo de asesores del Instituto y de la Procuraduría.
Por su parte el delegado del Departamento Nacional de Planeación Harbey Peña, motivó la integración de los miembros del Sistema Nacional de Conciliación y reconoció que se requiere un trabajo de la mano de la Procuraduría a la vez que destacó el proyecto de inversión del Instituto de Estudios que ha permitido la realización de 8 diplomados en el que se han certificado 223 personas como conciliadoras en derecho.
En la misma reunión se hicieron públicas las limitaciones de la conciliación como la falta de institucionalización, el desconocimiento de la herramienta, la ausencia de una política pública en la materia así como la limitada cobertura territorial en la prestación del servicio por los operadores de la conciliación y la carencia de una cultura conciliatoria.
Adicionalmente se discutió la necesidad de fortalecer los recursos para la inversión pública en conciliación toda vez que se trata de un mecanismo no formal de acceso a la justicia y alternativo a la justicia ordinaria que resuelve problemas jurídicos y que le ahorra al estado un capital muy importante.
Allí mismo afloraron las críticas por la baja inversión en conciliación a pesar de la importancia que tiene el tema por lo cual se solicitó el diseño de un nuevo proyecto para fortalecerlo en materia de recursos. También se requirió la formalización del mismo mediante el trámite de una ley que articule las funciones del Sistema Nacional de Conciliación.
Adicionalmente se solicitó vincular el Consejo Superior de la Judicatura y se recomendó que dicho organismo acoja a los conciliadores como administradores de justicia transitorios en las actividades de fortalecimiento y expidan una ley que consagre el estatuto disciplinario.
Una de las problemáticas expuestas en la misma mesa interinstitucional es el desconocimiento de la importancia de la conciliación por parte de la ciudadanía. También, la de que es necesario que el proyecto apoye la labor de conciliación de los agentes del ministerio público y fortalezca la capacidad institucional necesaria para liderar procesos de conciliación en los conflictos relacionados con asuntos de familia, civil, comercial y administrativo.
Adicionalmente se evidenció la necesidad de contar con una estrategia de comunicación del Sistema de Conciliación liderada por la Procuraduría General en coordinación con la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. También se recomendó trabajar en educación para la conciliación y establecer un compromiso de cada entidad para formar y actualizar a los conciliadores con el ánimo de fortalecer esta herramienta y evitarle millonarias demandas al Estado. Igualmente se aconsejó avanzar en un proyecto integrado y estudiar las implicaciones del Sistema Nacional de Conciliación en el marco del posconflicto y la construcción de la paz.
Los principales compromisos adquiridos por parte de los asistentes fueron los de formalizar el Sistema Nacional de Conciliación mediante la expedición de una ley en articulación con el ministerio de justicia. Otro compromiso fue el de fortalecer la formación en conciliación en coordinación con una entidad nacional, departamental y municipal. Igualmente vincular el Consejo Superior de la Judicatura para que este acoja a los conciliadores como administradores de justicia transitorios en actividades de fortalecimiento y expedir una ley que consagre el estatuto disciplinario.
Se aseguró en la reunión que se requiere ampliar la inversión pública en conciliación por parte de todas las entidades que conforman el Sistema Nacional de Conciliación: Ministerio de justicia y del derecho, ministerio de trabajo, ministerio de educación, Procuraduría General de la Nación, Fiscalía General de la Nación, Defensoría del Pueblo, Consejo Superior de la Judicatura, ICBF, Superintendencia de notariado y registro, Ministerio del Interior y la Agencia Nacional de Defensa jurídica del Estado.
Al término de la mesa interinstitucional, el Instituto de Estudios del Ministerio Público extendió una invitación para trabajar en un proyecto que incluya la formación en certificación de competencias laborales con una estrategia propia y establecer recursos mediante un proyecto que debe estar registrado en septiembre con el objeto de iniciar en 2018 con proyección al 2019 y se ratificó que el Sistema Nacional de Conciliación debe contribuir a la construcción de la paz y del posconflicto.